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La lucha contra la corrupción y el diálogo social fueron los dos ejes principales de los primeros 100 días del gobierno de Lenín Moreno. El 5 de junio creó, con un Decreto Ejecutivo, el Frente de Transparencia, conformado por nueve miembros. Dos semanas después, declaró como política de estado el Diálogo Social Nacional.
Esto le ha traído réditos políticos. Su aceptación entre la ciudadanía está en su mejor momento. Las encuestadoras Cedatos, Perfiles de Opinión y Market le otorgan porcentajes de aprobación del 77%, 83% y 84%, respectivamente. Según la última empresa, Moreno sería así el Mandatario con mayor índice de aceptación en los últimos 28 años, incluso supera a su antecesor.
En la lucha contra la corrupción, el Jefe de Estado ha enviado claros mensajes en sus intervenciones públicas y en sus enlaces de los lunes. “Se aplicará la ley hasta el final y todos los culpables deberán ser procesados y sancionados”.
Estos comentarios han incluido al mismo vicepresidente Jorge Glas, quien está siendo investigado por la Fiscalía General, por una presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht (ver recuadro lateral). Las denuncias en su contra y su postura política le significaron, además, la pérdida de funciones. Moreno le retiró todas sus atribuciones el pasado 3 de agosto; esto incluyó el uso del avión presidencial.
Mientras que, con el diálogo nacional, el Presidente incluyó a la mayoría de los actores políticos y sociales, sin importar su postura ideológica. Por el Salón Protocolar de Carondelet han pasado Cynthia Viteri (PSC), Abdalá Bucaram Pulley (FE), Wilma Andrade (ID), Mauricio Rodas (SUMA), los representantes de la banca privada, de los medios de comunicación, los empresarios, entre otros actores.
Como muestra de apertura y de su nuevo estilo, Moreno participó en las fiestas julianas en Guayaquil, donde compartió espacio con el alcalde Jaime Nebot. En su discurso lo llamó amigo y anunció que trabajarán juntos por la ciudad y el país. El Burgomaestre también se reunió con el Frente por la Transparencia, en Quito, para presentarle una propuesta de reforma a la contratación pública.
En el Salón de Banquetes también recibió al movimiento indígena, enemistado con el gobierno de Alianza País durante años. Ordenó la devolución de su sede en Quito y la entrega en comodato por los siguientes 100 años.
También, convocó a las mujeres, los grupos feministas y proderechos que habían estado distanciados del Régimen anterior. Y, no solo eso: la semana pasada presentó, personalmente ante el Legislativo, su primer proyecto de ley, precisamente para luchar contra la violencia de género.
Tampoco ha dejado de lado a los aliados del oficialismo: Centro Democrático, el Partido Socialista, el Frente Unidos, la Izquierda Revolucionaria, Fuerza Compromiso Social. Incluso incluyó a algunos de sus miembros en el Gabinete Ejecutivo, como a Iván Espinel y a Raúl Ledesma.
Sin embargo, el cese de funciones operativas de Jorge Glas y sus conversaciones con la oposición política, especialmente con Fuerza Ecuador, extinto Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), provocó un remezón sin precedentes y reacciones furibundas en el movimiento oficialista.
Incluso tres de sus colaboradores, Ricardo Patiño, Paola Pabón y Virgilio Hernández, le “llamaron la atención” a Moreno. El pasado viernes, los tres presentaron su renuncia al Gabinete, para tener “la libertad” de defender el proceso de la revolución ciudadana y los resultados obtenidos en los 10 años previos, así como para trabajar en su cohesión.
Esta decisión fue celebrada públicamente por Rafael Correa presidente honorario de AP, Gabriela Rivadeneira secretaria ejecutiva y varios legisladores como Marcela Aguiñaga y Soledad Buendía. En la práctica ellos se volvieron los principales opositores del actual Gobierno.
Fueron las mismas voces que se han levantado en respaldo al Segundo Mandatario, quien confirmó que ya no tiene una línea de comunicación con Moreno y tampoco se considera parte de su Régimen.
Con estos dos ejes de la política presidencial, los sectores de oposición han aprovechado para insistir en sus pedidos de consulta popular y reformas constitucionales. Piden que aproveche el capital político y popularidad acumulados.
La mayoría de las propuestas plantean la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), de la reelección indefinida y el cese de funciones de las autoridades de control, designadas por ese mismo Consejo. Así como una modificación al proceso de selección de dichas autoridades.
El Mandatario, en su último enlace, abrió la posibilidad de llevar a cabo una consulta popular. Dijo que no dudará en acudir a la voluntad del pueblo, cuantas veces sea necesario.
El caso Odebrecht provocó un remezón
La vinculación del vicepresidente Jorge Glas con un delito relacionado al caso Odebrecht llegó ocho meses después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. revelara que la empresa brasileña pagaba sobornos para adjudicarse obras.
En esta trama de corrupción, la Justicia ha procesado a 24 personas, entre ellas a un exministro de Estado (Alecksey Mosquera), al excontralor general del Estado Carlos Pólit, y a un exfuncionario público (Carlos Villamarín).
Esta investigación marcó los primeros 100 días del gobierno. En su administración también se entregó a la justicia el exministro Carlos Pareja Yannuzzelli, investigado por corrupción al interior de la estatal Petroecuador.
En este caso están presos, por ejemplo, dos exgerentes de la estatal petrolera: Álex Bravo y Marco Calvopiña.
El 24 de mayo, Moreno prometió una cirugía mayor contra la corrupción.
La primera tarea fue conformar un Frente Anticorrupción, que comenzó a operar el pasado 5 de junio. Para entonces, la organización Transparencia Internacional ya había ubicado a Ecuador entre los nueve países con mayor índice de corrupción en A. Latina. Y aseguró que los Papeles de Panamá repuntaron la percepción negativa de la gente.
El martes, 29 de agosto, Moreno aseguró que “los corruptos tienen que ser sancionados y que se localicen y devuelvan los recursos que fueron obtenidos indebidamente”.
De hecho, solo en el caso Odebrecht, el fiscal Carlos Baca Mancheno ha manifestado que la constructora pagó “bastante más de USD 33,5 millones” en el Ecuador.
En tanto, el 12 de agosto, Moreno dijo que combatir la corrupción es un acto de “profundo compromiso” con el país. “No he sido elegido ni para perseguir ni para encubrir a nadie. La Fiscalía y la Función Judicial son las instituciones llamadas a efectuar investigaciones; como siempre mi gobierno prestará toda la colaboración para ello”.
El fiscal Baca también dice que no perseguirá a nadie porque haya intereses políticos.
Para aclarar hechos relacionados con Odebrecht, los investigadores han pedido 26 asistencias penales internacionales y se han realizado 500 diligencias judiciales.
En total, seis exministros de Estado están en la mira de la Fiscalía y la Contraloría.
En esa lista está, por ejemplo, Ramiro González, quien en este momento tiene una orden de prisión y está prófugo.
La Policía confirmó un bloque de búsqueda para rastrear su paradero y el Ministerio del Interior dice que oficialmente no hay registros de que el exfuncionario se haya ido.
Quienes sí dejaron Ecuador son los exministros Walter Solís y Pedro Merizalde. Ellos debían dar su versión libre en el caso Odebrecht, pero la Policía advierte que ambos salieron en enero pasado.
