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Al menos tres concejales han sido sometidos a investigaciones por supuestos casos de corrupción en el actual período (2014-2019). Uno de ellos fue detenido la semana pasada por un proceso judicial, por presunto lavado de activos.
En el primero de los casos, de la edil independiente Karen S., la Corte Provincial de Pichincha dictó su sobreseimiento en relación con supuestos cobros indebidos en la adjudicación de permisos para casas de tolerancia.
El segundo fue el del independiente Sergio G. y de Eddy S. (MASS). Ambos están inmersos en una investigación por supuesta asociación ilícita en el área de movilidad, por el proceso de adjudicación de nuevos cupos para taxis. Este caso incluye a exfuncionarios municipales y abarca también el pago de compensaciones a los transportistas públicos.
Eddy S. enfrenta otra investigación por presunto lavado de activos, por el cual la semana pasada fue apresado.
Aunque en ningún proceso hay una sentencia condenatoria, el que se investigara a los ediles afecta la imagen del Concejo. Así lo señala el concejal Marco Ponce (SUMA).
Ponce dice que los concejales no pueden ni deben pronunciarse sobre las investigaciones, pues están a cargo de otra instancia. Él critica la iniciativa de un grupo de concejales que, tras las denuncias en contra de Eddy S. y Sergio G., hizo exhortos para pedirles que dejen temporalmente sus sillas a cargo de sus alternos.
Según su criterio, el Concejo debe centrarse en legislar y fiscalizar, y no intervenir en temas que le corresponden al Ejecutivo o a la justicia.
La encuestadora Cedatos realizó en junio un estudio nacional sobre la percepción de los problemas que más preocupan a la ciudadanía. Nancy Córdova, vicepresidenta ejecutiva de la firma, adelantó que la encuesta revela que la preocupación sobre temas de corrupción en el ámbito local ha aumentado. Mientras hace tres años ese tema estaba en séptimo lugar, el mes anterior escaló al tercero, luego del desempleo y de la inseguridad.
Para Carlos Páez (AP), el Concejo refleja a la sociedad. Le preocupa que sus miembros expresen vicios de corrupción y degraden a la función pública. Por ello, espera que la Justicia investigue a profundidad cada caso.
Páez cree que es necesario que los procesos electorales maduren y que los candidatos conozcan el área para la que se postulan y tengan claridad ideológica. Según él, hay ofrecimientos de campaña a grupos específicos que no se basan en razonamientos técnicos. Una vez en el cargo, los grupos que apoyaron en campaña piden respuestas frente a esos ofrecimientos y allí puede surgir la falta de transparencia. Señala que se deben mejorar los mecanismos de control en la Alcaldía y el Concejo.
Para ese efecto, está listo para segundo debate un proyecto de ordenanza que plantea reformas a Quito Honesto. Su nombre, según la Ordenanza 116, es Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción Quito Honesto.
Gastón Velásquez, su presidente, dice que tiene funciones como coadyuvar en la transparencia y el control social e investigar denuncias formales.
Él indica que esta entidad puede realizar veedurías en todas las áreas de gestión municipal. Por ejemplo, en el 2017 realizó una de verificación sobre los procesos técnicos para determinar la oferta y demanda de taxis en Quito y comprobar los requisitos que debían presentar los aspirantes.
Este año, está en marcha otra veeduría para vigilar el manejo de basura de Emaseo en el sector del parque La Carolina.
Quito Honesto prefiere no pronunciarse sobre las investigaciones a los ediles que alegan inocencia, porque afirma no tener competencia al tratarse de casos judicializados.
La concejala independiente Daniela Chacón señala que las reformas a esta entidad se enfocan a mejorarla, puesto que actualmente esta comisión no tiene la facultad de hacer investigaciones ni de emitir políticas para luchar contra de la corrupción. La idea, dice, es darle más facultades y que no se conforme con designaciones desde la Alcaldía, porque eso ya puede comprometer su independencia.
