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Desde este miércoles, hasta el 30 de agosto, la Asamblea vivirá su segundo receso del año. Este periodo vuelve a tomar al organismo con bajos niveles de credibilidad, aunque sus índices muestran una mejoría.
Un sondeo realizado por Cedatos da cuenta de que, al primer semestre de este año, el 66,8% de los ecuatorianos decía que no cree en la palabra de los asambleístas y que el 54,2% de la población desaprueba la gestión de la Legislatura.
Esas y otras cifras fueron analizadas en una reunión de los jefes de bancada con la presidenta, la oficialista Elizabeth Cabezas, y no salieron del todo satisfechos.
Si bien la aprobación está subiendo en relación a abril, cuando se registraron los niveles más bajos, tras la agudización de pugnas internas, los promedios aún son insuficientes.
Nancy Córdova, vocera de la encuestadora, refiere que a abril del año pasado, cuando la correísta Gabriela Rivadeneira estaba al frente de la Asamblea, apenas el 16% de la población creía en la palabra de los legisladores.
El indicador, actualmente se ubica en el 22,8%, luego de que en abril alcanzara el 20,1%, pero aún está muy por debajo del 29% que llegaron a tener en mayo de 2017, cuando empezaron sus funciones. “Se está recuperando un poco”, sostuvo.
Los datos no sorprenden en la Asamblea. “Es lamentable porque los ciudadanos nombran a sus representantes y deberían confiar en ellos.
Algo estamos haciendo mal”, dijo Fernando Burbano (exintegrante de la alianza SUMA y CREO). A su juicio, esto responde a “la falta de contacto con la gente”.
Para Ximena Peña, coordinadora de bloque de Alianza PAIS, la evaluación adversa tiende a revertirse. “Para tener los votos para la aprobación de leyes nos hemos obligado a generar consensos”, admite.
La ‘ola’ de proyectos de ley
Mientras, los proyectos de ley se siguen acumulando. Solo durante el primer año de gestión fueron presentadas 269, en su mayoría por iniciativa de los legisladores, y 17 terminaron siendo aprobadas por el Pleno.
A inicios de agosto, legisladores correístas presentaron dos más: una para ‘El ejercicio profesional del rescate y salvamento acuático’ y otra para la ‘Aplicación de la Justicia Indígena’.
Ese mismo día entraban en vigencia las reformas a la Ley de Educación Superior, la norma número 17 en ser enviada al Registro Oficial en lo que va del actual periodo legislativo.
¿Son todas necesarias?¿Son demasiadas? “Hay que ponerle mucha atención: más que a la cantidad, a la calidad”, responde Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo.
Después de 10 años donde la agenda la impuso Alianza PAIS, Espinel cree que es hora de que la Asamblea conforme una unidad que haga un seguimiento a la aplicación de esas leyes.
“Esa es una obligación establecida en la normativa que regula la Asamblea”, manifestó.
Es una preocupación que comparte Peña, quien reconoce que falta por determinar “hasta qué punto estas leyes se están implementando, o están transformando la vida de los ciudadanos”.
Se mostró partidaria de crear una “unidad de seguimiento” con la reforma a la Ley de la Función Legislativa, que empezará a tramitarse después del receso.
A Franklin Samaniego, del grupo correísta y vicepresidente de la Comisión de Justicia, le preocupa que en el actual periodo están llegando “muchas normas que salen de la norma constitucional”.
“En el tema económico, han hecho un retroceso del modelo que ha sido implementado con la Constitución y en los últimos 10 años”, mencionó. (RVD)El
