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Solo llevó ocho horas y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha saltado el último escollo en su cruzada para convocar un referéndum constitucional, apenas dos años y medio después de haber aprobado una reforma de la Constitución. Siguiendo los pasos de Venezuela y Colombia, el Tribunal Constitucional de Quito aprobó anoche las 10 preguntas de la consulta, que posiblemente se celebre a finales de abril. Es un referéndum que ha encontrado un férreo rechazo de la oposición que critica el afán de Correa de controlar el Sistema de Justicia, además de restringir la libertad de prensa del país a través de un Consejo de Regulación a los medios. Tan es así que el jurista Roberto López y el expresentador de televisión y político opositor Carlos Vera presentaron ayer en la mañana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington una demanda contra una consulta que a su juicio "versa sobre medidas totalitarias".
Las preguntas están divididas en dos grupos, cinco que implican enmiendas y las otras cinco que buscan cambios en la legislación vigente. "Es una victoria de la democracia y del pueblo ecuatoriano", ha dicho hoy el presidente Correa, quien el próximo viernes recibirá el dictamen, que, tras su aprobación, será enviado al Consejo Nacional Electoral (CNE). A partir de este momento, el organismo tendrá siete días para convocar el referéndum y 60 días para celebrarlo.
Las preguntas más incómodas para la oposición son precisamente las que tienen que ver con las modificaciones constitucionales. Preocupa la relacionada con la prohibición a directivos e inversionistas de bancos y medios de comunicación ecuatorianos a tener negocios ajenos a estos sectores, que según Correa mantienen una "relación incestuosa"; y la creación de un Consejo de Regulación para controlar la difusión de contenidos en la prensa que contengan mensajes de violencia, sexuales o discriminatorios. Pero la que causa más alarma son dos enmiendas que buscan la creación de una comisión que reestructure el sistema judicial y el Consejo de la Judicatura, órgano encargado del control de este poder. Correa -alegando lentitud e ineficiencia- quiere que los jueces sean elegidos por un comité conformado por un grupo de vigilancia independiente y miembros nombrados por la rama ejecutiva y el Congreso, dominado por el oficialismo.
Varios ex aliados de Correa han advertido de que la consulta viola la Constitución aprobada por la mayoría en septiembre de 2008, y que aumentará el poder del presidente sobre instituciones que deberían ser independientes, al estilo de como lo ha hecho en Venezuela Hugo Chávez.
Además en la consulta se propondrá convertir en delito "el enriquecimiento privado no justificado" y la no afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social por parte de las empresas. También se consultará a los ecuatorianos si se prohíben los juegos de azar así como las corridas de toros y peleas de gallos -que ya han sido rechazadas con actos de protestas por organizaciones taurinas-. También se pretende modificar la caducidad de la prisión preventiva, que concede la libertad a los presos sin sentencia seis meses o un año después de su arresto.
Un sondeo de la firma Cedatos-Gallup, realizado en enero cuando aún no estaban claras las preguntas de la consulta, reveló que el 57 por ciento aprobaría el referéndum, la quinta ocasión en la que los ecuatorianos irían a las urnas desde que Correa asumió en enero de 2007.
