Aumenta preocupación por consulta
Esta mañana, la Cámara de Industrias y Producción de Pichincha dará a conocer una serie de acciones internacionales ‘en defensa de la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales’
Tras haber receptado el criterio jurídico de Hernán Salgado Pesantes, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de Douglas Cassel, director del Centro de DDHH y Civiles de Universidad de Notre Dame, la Cámara de Industrias y Producción ratificó su criterio de que la consulta popular que impulsa el Gobierno de Rafael Correa en incosntitucional.
Por ello, el gremio privado anunciará esta mañana, en rueda de prensa, una serie de acciones internacionales, que emprenderán "en defensa de la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales", según informa la cámara en un comunicado.
Entrevistado ayer en Ecuavisa, Salgado, en coincidencia con otros juristas ecuatorianos, dijo que la consulta es inconstitucional porque viola los artículos 441, 442 y 443 de la Constitución, según los cuales ninguna reforma puede restringir derechos y garantías.
El experto recordó además que, en materia de derechos humanos, la jurisprudencia internacional está muy desarrollada y tiene prevalencia sobre la legislación de los países.
Otros asuntos que preocupan a Salgado son los de la caducidad de la prisión preventiva y la creación de un consejo de regulación de los contenidos de los medios de comunicación. "Aspectos de esta naturaleza es imposible llevarlos adelante a través de una enmienda que daría lugar a un referéndum. La Corte Constitucional en transición debería rechazar totalmente aquello", acotó Salgado.
Académicos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador (PUCE), entre ellos su decano, Santiago Guarderas, sostienen también que la consulta es inconstitucional, bajo tres consideraciones: 1. El presidente no tiene atribuciones para reformar leyes por referendo, como lo plantea en la pregunta. 2. Ningún poder puede restringir derechos ni garantías, como ocurrirá al eliminar los plazos de la prisión preventiva y limitar sus medidas sustitutivas (preg. 1); al aumentar el plazo de la detención provisional de 24 a 48 horas (preg. 2). Además, no se puede cambiar a través de un referendo la estructura del Estado (preg. 4, sobre el Consejo de la Judicatura).
La PUCE entregó sus observaciones a la Corte Constitucional, le pidió que actúe con independencia e imparcialidad y que haga respetar la Constitución. (MEVO)
Cedatos: 39% conoce la consulta, 52% la respalda
Un 67% de ecuatorianos sabe que el Gobierno de Rafael Correa impulsa una consulta popular, aunque apenas el 39% conoce su contenido.
Ese es uno de los resultados de la última encuesta de Cedatos, realizada en 15 ciudades del país, del 27 al 31 del mes pasado.
La firma dijo además que, de 2 220 personas encuestadas, el 52% se pronunciaron a favor de la consulta, frente al 36% que dijo estar en contra.
El mayor respaldo se registró en la Costa con 54%, seguida por la Sierra con 50% y la Amazonía con 36%.
Según Cedatos, las ciudades que más apoyan la consulta son: Machala con 65%, Portoviejo con 60%. En Quito y Guayaquil el apoyo es del 52%, dijo Cedatos.
La semana pasada, SP Investigación y Estudios, cuyo representante es Santiago Pérez, afín al Gobierno, informó que 57% considera apropiada la consulta.
Además, Cedatos dijo que el mes pasado, la aceptación del jefe de Estado fue del 51%. En contraste, su actitud y forma de ser recibió una calificación positiva del 37% de personas entrevistadas, cifra que se redujo dos puntos respecto al 37% de diciembre de 2010. (LGP)
Audiencia en la Corte
El jueves pasado, durante la jornada de audiencias sobre la consulta popular en la Corte Constitucional, Pablo Dávila, presidente de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) entregó un documento con varias observaciones.
Una enmienda no puede alterar la estructura del Estado o restringir derechos y garantías.
La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone que las preguntas deben ser redactadas en un lenguaje neutro y no deben inducir al elector a una respuesta determinada.
"Este mandato no está siendo respetado", dice el documento.
