Cierra así una cadena de inestabilidades y de interinatos en el mando presidencial vividos desde la caída de Abdalá Bucaram, en febrero de 1997, seis meses después de posesionarse para el periodo 1996-2000; el derrocamiento de Jamil Mahuad (1998-2002), en enero del 2000; y de Lucio Gutiérrez (2003-2007), en abril del 2005. Aunque la revuelta policial del pasado 30 de septiembre es catalogada por el régimen como un intento de golpe de Estado que, de haber prosperado, pudo extender la crisis de gobernabilidad.

“Este sería mi último año de gobierno. Y me desespero cuando lo recuerdo (…), en cuatro años es muy poco lo que se puede hacer”, afirmó Correa al diario argentino La Nación, en una entrevista en noviembre pasado, en la cual se le consultó si la reforma de la Constitución (que convocó a nuevas elecciones generales en abril del 2009) fue con la intención de quedarse en el poder hasta el 2017.

Correa dijo entonces que cree en “la alternancia de personas, porque nadie es indispensable”, pero que prefiere hablar de una “alternancia en el proyecto político” para que no haya “un retroceso lamentable”. Sin embargo, en esta era de la llamada Revolución Ciudadana, eslogan de su gobierno, no ha despuntado un líder a quien Correa pudiera dar la posta, dicen analistas.

Según un informe de Cedatos, Correa se convirtió en el único mandatario de las últimas décadas que durante cuatro años ha mantenido una aprobación promedio anual superior al 60%, después de sortear la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución (vigente desde octubre del 2008), la reelección presidencial, de confrontar con partidos políticos “a los que ha destruido; con los medios de comunicación a los que fustiga constantemente, y a una oposición que se mantiene enclenque”, señala.

Correa inició su administración con el 73% de aprobación y catapultó su liderazgo político con decisiones y manejos polémicos alrededor de su gobierno y de las instituciones del Estado, como la destitución de 57 diputados por parte del entonces Tribunal Supremo Electoral, la instalación de una Constituyente que asumió plenos poderes cuyos límites fueron cuestionados; la provincialización de Santa Elena y de Santo Domingo de los Tsáchilas; comicios en los que triunfaron sus propuestas y su movimiento, Alianza PAIS; la aprobación de leyes (van 27) con apoyo de una mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, y su discurso descalificador hacia grupos a los que llama privilegiados y desestabilizadores.

Adrián Bonilla, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), considera que en su permanencia no solo incidió la necesidad de la sociedad de reconstruir la institucionalidad del país, sino también la “personalidad intensa” del Mandatario, su proyecto político en busca de reconstruir el aparato del Estado frente al desconcierto de la década anterior, y “un extraordinario manejo mediático, que no tiene precedentes y explota su imagen”.

Coincide en ello el politólogo Felipe Burbano de Lara, quien resalta del Gobierno el haber puesto en práctica un estilo diferente y una campaña comunicacional “bien montada y organizada que no sería efectiva si no hubiera un buen producto detrás, y ese producto es él”.

No es secreto que el régimen ha desplegado su maquinaria propagandística para difundir su gestión, leyes, obras, y para criticar a sus opositores a través de medios tradicionales y multimedia. Además que el instaurar a lo largo del país los enlaces sabatinos (lleva ya 203), a los que denomina de rendición de cuentas, le ha acercado constantemente a la población.

Fernando Salazar, ex coordinador del Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales, comenta que “es visto con agrado cómo el Presidente dejó de ser el personaje de Carondelet para dedicarse a visitar cabeceras provinciales y parroquias rurales, lo que para la gente significa que los escucha”.

Burbano de Lara añade que su retórica populista, junto al manejo estratégico de recursos estatales para llegar a sectores que por muchos años estuvieron fuera de la atención social, tienen peso en su sostenibilidad, al igual que difundir una imagen de “líder genuinamente preocupado de los excluidos”.

Para Roberto Villacreses, investigador del Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP), Correa tuvo a su favor el manejar un Estado con altos ingresos petroleros y tributarios. “Debe en gran parte su aceptación a los subsidios y gasto público aplicado. Difícilmente lo hubiera logrado sin lo invertido en subvenciones, salud, educación, infraestructura y obras, que son innegables, pero que le han servido para promocionarse”, indica, aunque considera que su desempeño económico no ha sido bueno.

“Siempre es políticamente correcto aplicar medidas asistencialistas, pero no económicamente saludable”, refiere en torno a indicadores macroeconómicos “no muy alentadores” y decisiones que mantienen al Ecuador como un país sin políticas claras en materia comercial y laboral, por sus reglas de juego cambiantes, expresa.

Independientemente de si es buena o mala su gestión, Bonilla dice que Correa cambió la distribución del poder, que a lo largo de 25 años giró alrededor de partidos políticos tradicionales, los cuales perdieron fuerza.

Noticia en ELUNIVERSO.COM (Ecuador)