El sector empresarial ecuatoriano denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el proyecto de Referéndum y Consulta Popular que impulsa el Gobierno. Esto bajo el argumento de que atenta contra principios constitucionales y derechos fundamentales, sobre todo contra la separación de poderes del Estado y la libertad de prensa.

Pablo Dávila, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, explicó que solicitaron al órgano que se dicten medidas para evitar el paso de dicho proyecto. Aunque reconoció que existe la posibilidad de que la Corte Constitucional (que analiza la aprobación de las preguntas) se pronuncie a favor antes que la Comisión, señaló que de igual forma, después puede servir como un elemento adicional para la descalificación del proyecto. Advirtió que el dictamen de estos órganos son obligatorios para los países. En el caso de que no se cumplan, la opción es “quedar totalmente aislados”.

El gremio argumentó, además, que el referéndum y la consulta violentan la libertad de empresa y el derecho a generar riqueza.

Preguntas fuera de ley
De su lado, el constitucionalista, Hernán Salgado, indicó que la pregunta referente a penalizar la injustificación de la riqueza no es objetiva. Esto porque “la palabra injustificados es subjetiva”, indicó.

Salgado además señaló que el proyecto está mal elaborado. Por un lado, dice, porque el texto jurídico que será cambiado en la Constitución, correspondientes a las cinco preguntas de referéndum, constan como anexo, cuando deberían estar junto a las preguntas. Segundo porque en el caso de las preguntas de consulta “queda en el aire” lo que se hará en el caso que gane el Sí. “No habla sobre reformas a un texto jurídico existente”, dijo.

El gremio también se apoyó en la opinión del jurista internacional Douglass Cassel, director del Centro para Derechos Humanos y Civiles de la Universidad de Notre Dame, quien sostuvo que la propuesta del Gobierno “representa una amenaza a las obligaciones constitucionales”. Se refirió sobre todo a los compromisos asumidos por el país al pertenecer a la Comisión Interamericana de DD.HH.


Otro amparo contra la propuesta

GUAYAQUIL •. El Comité Ecuatoriano de los Derechos Humanos y Sindicales (Cedhus) presentó ayer una acción de protección al Juzgado Sexto de Garantías Penales del Guayas para detener el trámite de consulta popular a la consulta popular planteada por el presidente Rafael Correa.

Francisco Zambrano Campuzano, secretario ejecutivo de esta entidad, considera que el proyecto presidencial es un acto ilegítimo que ataca a los derechos de miles de ecuatorianos. Sus principales críticas se enfocaron en la pregunta 7, que apunta a la prohibición de los juegos de azar. Zambrano sostiene que esta pregunta vulnera los derechos de cerca de 100 mil familias que dependen directa e indirectamente de esta fuente de trabajo. Según él, viola el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

Datos
La acción de protección que presentó la Junta Cívica de Guayaquil para frenar la consulta, fue aceptada por la presidenta de la Corte Provincial de Justicia, María Leonor Jiménez.

Una encuesta de Cedatos revela que el 52% de los ecuatorianos aprueba la consulta, sin embargo, el 67% no sabe de qué se trata.