La proyección de una encuesta de Cedatos revela que el 73% de la población cree que una consulta popular debe determinar si se establece o no la reelección indefinida en el país. Apenas un 9 % apoya que la decisión la tome la Asamblea Nacional.
El sondeo se realizó en 23 ciudades del país a 2.200 personas de 16 años o más. La empresa consultó sobre el procedimiento que se debía seguir para establecer o no la reelección indefinida en el país y los resultados fueron cambiando conforme pasaban los meses.
En mayo, el 61% de los encuestados dijo que el procedimiento idóneo para ello era la consulta popular, el 18% se pronunció porque siga el trámite de enmienda a través de la Asamblea.
En junio el 69% apoyó la consulta y el 12% la enmienda.
Mientras que en la última muestra de septiembre, se incrementó la diferencia pues el 73% dijo que el tema de la reelección indefinida debe pasar por una consulta popular. A penas el 9% opina que la Asamblea debe reformar la Constitución vía enmienda.
El presidente ejecutivo de Cedatos, Ángel Polibio Córdova asegura que es difícil que esta tendencia se revierta y más bien es posible que se amplíe la distancia entre la gente que opina que es necesario una consulta para definir la reelección indefinida y los que piensan que debe realizarse a través de la Asamblea Nacional.
Pero además, en septiembre Cedatos consultó si la gente aprobaría o estaría de acuerdo en la reelección indefinida si se lo hace a través de la Asamblea Nacional, vía enmienda. El 65% de los encuestados dijo que no lo aprobaría, el 27% que sí.
La encuestadora también preguntó si votarían por Rafael Correa en el caso de que se aprueba la reelección por enmienda.
En septiembre, el 38% aseguró que sí votarían por el actual jefe de Estado, el 53% anunció que no y mientras tanto, el 10% no sabe o no responde.
Según Cedatos, la encuesta tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3,4%.
El procedimiento para la reelección indefinida está siendo analizado por la Corte Constitucional junto a otros 16 cambios presentados al organismo el pasado 26 de junio por parte de asambleístas del movimiento Alianza País.