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María Belén Arroyo
El Ecuador es el segundo país más peligroso del continente según el Barómetro de las Américas. El Gobierno terminó con la era de ministros académicos que sobrediagnosticaron el fenómeno nacional.
Próximo a cumplir cuatro años en el poder, el gobierno de la Revolución Ciudadana tiene una gran asignatura pendiente: la seguridad.
El informe “Rendición de Cuentas 2010”, del propio régimen, establece que tres de los cuatro delitos de mayor connotación crecieron desde el año 2003.
Los homicidios y asesinatos pasaron de 1.621 a 2.625; los robos a personas subieron de 9.490 a 14.221; y, los robos de carros y motos se triplicaron, pasando de 3.274 a 10.856. El único delito que disminuyó en frecuencia fue el robo a domicilios: los casos pasaron de 10.224 a 10.179, según el informe gubernamental.
El mismo documento reporta que la tasa de homicidio en Ecuador (tasa por cada 100 mil habitantes) subió de 12,6 en 2003 a 18,7 en 2009. “Estamos trabajando incansablemente para ver la verdadera revolución en seguridad”, cita el informe, pero reconoce que apenas el 1,58 por ciento de las noticias de delito recibe una sentencia.
El aumento de la delincuencia preocupa a la gente. La inseguridad aumentó en el país en el último año, según opinó el 81 por ciento de encuestados en diciembre por la firma Cedatos Gallup International, según su principal, Polibio Córdova. “Por primera vez, la inseguridad desplazó al desempleo como el mayor problema nacional. No es aventurado decir que es la principal preocupación de los ecuatorianos este momento”, explicó Córdova a Vistazo.
En esa dirección apunta el último informe del Barómetro de las Américas. El estudio “Cultura Política de la Democracia en Ecuador – 2010” determina que nuestro país es el segundo más peligroso del continente, pues el 29 por ciento de entrevistados reportó haber sufrido un acto de delincuencia en los 12 meses previos a esa encuesta. Perú es el país con el más alto nivel de victimización por delincuencia, con 31 por ciento. Luego de Ecuador, siguen en la lista Bolivia y Venezuela, ambos con 26 por ciento. “Los países del área andina son los más peligrosos de la región”, concluye el estudio.
Que nadie está a salvo en este país se evidenció un día antes de la Nochebuena, cuando el propio alcalde de Quito, Augusto Barrera, sufrió un robo fuera de su hogar.
Giro de 180 grados
El régimen dio señales de un giro de 180 grados, al reconstituir el frente de seguridad interna, a mediados de diciembre.
No fue el único cambio. El presidente Correa anunció cinco ejes para combatir la delincuencia: trabajo conjunto de la fuerza pública, coordinación con gobiernos locales, reformas legales, reformas al sistema de justicia, y reforma al sistema de rehabilitación.
Correa mostró que es el principal preocupado por la seguridad de Guayaquil, al encabezar operativos de control en zonas críticas como invasiones y al condenar la acción de negocios ilegales. En su primera cadena sabatina del año anunció que buscará cambios sustanciales en la justicia, a través de consulta popular.
“Tengan la seguridad de que estamos trabajando día y noche contra este inmenso mal que es la inseguridad ciudadana”, dijo el Mandatario.
Detrás del cambio de los ministros de Seguridad Interna y Externa y del Interior, hay signos del fin de una era de academicismo rimbombante. El ministro de las percepciones y el académico que no pudo frenar un brote de insubordinación policial –a fines de septiembre– pasaron a la historia.
“Pasamos de la planificación al trabajo de campo”, advirtió a la prensa el flamante ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, vicealmirante Homero Arellano. A los 57 años, Arellano fue Comandante General de la Marina y trabajó junto al vicepresidente Lenin Moreno antes de asumir, fugazmente, la Secretaría de Inteligencia. Este cargo lo dejó para dirigir el ministerio coordinador. Sus primeras declaraciones públicas transmitían un mensaje de mano dura para la delincuencia. Para enfrentarla iniciaron operativos combinados de militares y policías.
Basta de diagnósticos
“No me corresponde juzgar a mis predecesores, pero el agua tibia ya está inventada. Estudios sobre inseguridad hay suficientes, es hora de empezar con acciones concretas y prácticas”, advirtió el ministro del Interior, Alfredo Vera, quien recibió a Vistazo en Guayaquil, un día antes de su “debut” en este cargo.
No es extraño que Vera debutara como Ministro del Interior en Guayaquil, ciudad donde los últimos meses se reportaron hechos de inusitada violencia. Escogió el penúltimo día del año para convocar al Comité Provincial de Seguridad. En la cita anunció una decena de acciones y medidas para frenar el avance delincuencial, y formuló una convocatoria abierta e incluyente.
Medidas prácticas, tales como establecer un número único de auxilio para todo el territorio nacional; el bloqueo definitivo de teléfonos celulares denunciados como robados para evitar que se vuelvan mercancías con valor comercial; y, la colocación de inhibidores de frecuencias que bloqueen la señal de celulares para evitar que los sacapintas se comuniquen entre sí. Otra propuesta es coordinar con todas las alcaldías un plan de iluminación de espacios públicos.
Medidas aparentemente sencillas, pero que implican la colaboración de los ciudadanos. Para lograr el bloqueo de un celular robado, se necesita que el afectado presente una denuncia. Sin embargo, el 23 por ciento de víctimas de violencia no denuncia por miedo a represalias o por haber recibido amenazas, según el estudio Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad.
¿Logrará el nuevo frente de seguridad convocar a la sociedad para concretar acciones que frenen el crimen? La ausencia del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, a esa cita abona dudas. Para lograr un entorno de seguridad ciudadana se requiere la participación de los distintos actores. De lo contrario, el país seguirá a merced de la delincuencia.
De las percepciones al pragmatismo
Percepciones. Bajo la gestión de Fernando Bustamante se creó la Unidad de Ejecución Especializada del Plan Nacional de Seguridad, que dispuso de alrededor de 170 millones de dólares para equipamiento.
Académico. Gustavo Jalkh no pudo avizorar que al interior de la Policía se gestaba un brote de insurrección, que explotó el 30 de septiembre. Él fue el teórico del cambio del ministerio de Gobierno a cartera del Interior.
Experiencia. Vicealmirante Homero Arellano, ex Comandante General de la Armada. Es el nuevo ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa. Antes fue Secretario de Inteligencia. Sucede a Miguel Carvajal.
Feria de contratos
Es tiempo de auditar las cuentas de la Unidad de Ejecución Especializada del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que durante tres años contó con unos 170 millones de dólares para equipamiento, infraestructura y medios logísticos para la Policía. Es hora de que esta Unidad rinda cuentas a la sociedad, plantean los asambleístas Fernando González (ex Movimiento PAIS) y Andrés Páez, de ID.
Con base en las investigaciones de González se determinó que al menos 20 millones del plan se destinaron a estudios, promociones y auspicios de eventos musicales masivos y ferias de seguridad, que en nada contribuyeron a disminuir el crimen.
“Hemos indagado contratos ejecutados entre 2008 y 2009; la Unidad Ejecutora (creada bajo el mando de Fernando Bustamante como ministro de Gobierno) trabajó ajena a las necesidades reales de la Policía, firmó contratos a granel sin un norte definido; a pesar de las millonarias asignaciones el clima de inseguridad no se redujo, sino que aumentó”.
Contratos abundaron. La firma Promoecuador fue contratada para la realización, montaje y logística de una feria ciudadana piloto sobre seguridad en Carapungo, al norte de Quito, que se desarrolló el 31 de agosto de 2008. El monto convenido fue de 95 mil dólares. La empresa se dedicaba a la consultoría en recursos humanos, pero en mayo de 2008 cambió de denominación, amplió su objeto social y reformó estatutos para incluir la organización de eventos. En el contrato, firmado el 26 de agosto, se establece que la empresa tiene “amplia experiencia y capacidad técnica”.
A un consultor privado, en cambio, le pagaron 31 mil dólares para un análisis de relación entre medios de comunicación y seguridad ciudadana.
En febrero de 2008 se realizó en Tungurahua un publicitado acto para la colocación de la primera piedra del cuartel de Izamba, parroquia rural de Ambato. Tres años más tarde el cuartel no ha sido edificado, el proyecto fue eliminado de la planificación de la Unidad Ejecutora, sin que mediara explicación.
Consultado por Vistazo, el actual ministro del Interior, Alfredo Vera, asegura que no eludirá la responsabilidad de revisar estos contratos.
